Los hijos de privadas de libertad gritan para no ser olvidados

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Foto extraída de A&E
Vanessa Gil Carrillo
27/06/2017

Dentro de todos los problemas que giran en torno al sistema penitenciario venezolano por la vulneración de los derechos de las personas detenidas, procesadas o penadas, existe un aspecto que ha sido poco investigado: los hijos de las privadas de libertad. Dentro de este grupo de niños y niñas cuyas madres se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país, existe un grupo que se ve realmente afectado porque no tienen a nadie, ni familiares ni amigos, que se haga cargo de ellos. Expertos señalan que no existen cifras, informes o un seguimiento de la situación por la que atraviesan estos niños cuyas madres han sido recluidas, lo que significa un obstáculo para resolver el problema y colaborar con la formación y atención de los más pequeños. A su vez, las leyes venezolanas responsabilizan tanto a la familia, al Estado y a la sociedad del bienestar de niños, niñas y adolescentes.

 

Según cifras del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), actualmente se encuentran recluidas 2.733 mujeres en los 17 centros penitenciarios y anexos femeninos del país. De esas casi tres mil ciudadanas, ocho se encuentran embarazadas y la cantidad de mujeres que son madres, especialmente de niños, niñas y adolescentes, no ha sido publicada.

Como no existen cifras de cuántas de las privadas de libertad tienen bajo su cuidado menores de edad, tampoco existe información sobre su situación. Solo se conoce la cantidad de niños que se encuentran dentro de las instalaciones carcelarias con sus madres. Un total de 25 niños y niñas, pero sin especificación del centro de reclusión en el que se encuentran, amparados bajo la Ley de Régimen Penitenciario específicamente en el artículo 75 que establece que los bebés hasta tres años pueden permanecer con sus madres en el sitio donde ellas cumplen la detención. Luego deben ser entregados a un familiar que se responsabilice, pero de esto no existen informes o cifras.

Cuando el niño no tiene una familia que pueda cuidarlo mientras su madre cumple la condena se presenta un caso diferente.

En un comunicado de la Defensora Pública Provisoria 1° de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la abogada América Méndez explica que las privadas de libertad tienen afectada la titularidad de la Patria Potestad o el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza, la cual debe asumir el padre, o a través del procedimiento judicial correspondiente, una familia sustituta.

Para los niños entre tres y 10 años de edad que se encuentran en esta condición, existe una institución privada que se encarga de ofrecer un espacio a los hijos de privadas de libertad. “Antes atendíamos a los más pobres, aun cuando sí había alguna persona que se podía hacer cargo de ellos. Alguien se hacía cargo los fines de semana y nosotros los cuidábamos de lunes a viernes. Pero la situación del país se ha complejizado y ahora atendemos solo a quienes no tienen a nadie”, explica la hermana María José González, directora de la casa hogar San José ubicada en San Antonio de Los altos, Estado Miranda, que actualmente alberga a 21 niños y niñas.

MapaPenitenciario
Extraído de la página web Una Ventana a la Libertad

La Casa Hogar

Así, el contexto en el que viven los niños cuyas madres se encuentran penadas o procesadas es de por sí un obstáculo para el desarrollo del niño. Al agregar no poseer un hogar con la protección necesaria para el desarrollo se convierte en un problema mayor.

Las hermanas del buen pastor fundaron la casa hace 38 años cuando todavía estaban a cargo del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) como respuesta a la situación en la que se encontraban los hijos de las privadas de libertad, narra la hermana María.

El INOF fue entregado por la Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor al Estado, pero todavía se mantiene la relación entre el Instituto y la casa hogar que fue comprada por la Comunidad Cristiana Jesús el Señor para continuar con la labor que la primera congregación ya no podía costear, concluye González.

“Hoy en día el motor de la casa es el voluntariado y los benefactores de la obra que nos ayudan con recursos económicos, materiales o con su profesión”, señala la hermana. Aunque actualmente cuentan con un apoyo del Ministerio de Penitenciaría que cubre el salario de cuatro de los trabajadores, ellos tienen que pagar tres sueldos, y a pesar de esto, la directora resalta que se necesita más personal. “La psicóloga viene porque colabora con nosotros, pero eso significa que solo viene una vez a la semana o cuando puede, y aunque estamos agradecidos con ella, no es suficiente. Necesitamos un psicopedagogo, un maestro, un trabajador social y eso no se tiene porque no tenemos recursos. Ahorita estamos presentando una petición a ver si pueden financiar el pago del señor que se encarga de los servicios generales. Pero el Estado debería darnos todo”, manifiesta la hermana.

Pequeños solo de tamaño

Lo que viven estos niños a tan temprana edad en sus vidas los afecta emocionalmente. “Reaccionan con mucha rabia ante la situación que viven. Aunque con las hermanas –a quienes llaman tías– conocen la protección, el trato de cariño y se moderan; suelen reaccionar con rabia ante lo que les molesta”, afirma la Doctora Lesbia, psicóloga de los niños en la casa hogar. Además agrega que, en general, la rabia es una forma de demostrar su tristeza.

El problema en estos escenarios no es solo de una mujer privada de libertad, sino de un niño, o grupo de niños en el caso de los hermanos, que ha sido trasladado de un sitio a otro, de casa de un familiar a donde un amigo, y ninguna de esas personas se ha podido hacer cargo de ellos.

La directora del Hogar asegura que algunos niños no tienen nadie quien los cuide, pero otros sí y los familiares simplemente no quieren o no pueden asumir la responsabilidad. “Es una situación estresante porque no le puedes decir a un niño que su abuela no puede atenderlo, y son ellos mismos los que preguntan cuándo los van a ir a buscar para vivir con ese familiar que conocen”, cuenta la hermana mientras hace referencia al caso específico de dos hermanitos que ahora se encuentran en la casa hogar.

Pero este es apenas el primer caso que encontramos dentro de los diferentes contextos familiares que viven los pequeños cuyas madres se encuentran privadas de libertad y sin alguien que se responsabilice de su crianza.

La situación más caótica en este momento es la de 4 hermanos, confiesan la directora y la Dra. Lesbia González, psicóloga de los niños. “Son tres niños y una niña que es la mayor. La mamá está privada de libertad, al igual que la abuela, una tía y 4 tíos”, explica la hermana María José y agrega que del padre, no se conoce nada.

También se encuentran dos hermanitos de los que ambos padres están detenidos al igual que una de sus abuelas. Otra situación en la que un niño tiene ambos padres detenidos y en el resto de los casos solo las madres tienen medidas privativas de libertad.

Casa Hogar San Jose (1)

La corresponsabilidad

El artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) indica que la protección de los niños, niñas y adolescentes es un trabajo en responsabilidad conjunta de tres entidades: el Estado, la familia y la sociedad.

La mayor parte del trabajo de los psicólogos, en el caso de estos niños no funciona porque principalmente no existe el apoyo familiar. “En general cuando trabajo con un niño, trabajo con la familia”, destaca la psicóloga Lesbia.

Al no tener nadie quien se haga cargo del niño, la familia deja de cumplir el rol necesario para la protección de niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la desinformación, las estadísticas publicadas por el Ministerio Penitenciario no especifican las características de las privadas de libertad y de los niños que se ven perjudicados por la situación de sus madres, como explica Carla Serrano, Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. “En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Penitenciarías debería aparecer, no solo la población penal femenina y masculina, sino también cuántos niños, si los hay, se encuentran en cada centro de reclusión”, resalta Serrano.

Por otra parte, la publicación de las cifras que se dan a conocer por parte del ente gubernamental varía respecto a las de organismos como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el cual, para diciembre de 2014 presentaba una población de reclusas a nivel nacional de 2.942 mujeres. Si comparamos las cifras, un año antes según el OVP, existían en las cárceles venezolanas más de 200 mujeres privadas de libertad en comparación con el año 2015 y los resultados arrojados por el Ministerio Penitenciario.

El interés por los números, comenta la profesora Serrano surge de la necesidad de conocer el problema y plasmar la realidad. “Todos sabemos que los organismos públicos deben publicar información”, señala la profesora. De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la CRBV, los Ministerios deben cumplir con la de la Memoria y Cuenta donde se refleja la gestión y logros alcanzados por los diferentes Ministerios. “Poco se habla del tema de los hijos de privadas de libertad. En 2007 cuando realizamos la investigación ‘Los Derechos de los niños y niñas hijos de privadas de libertad’ solo se conocían dos estudios específicos” denuncia la profesora.

Esto se presenta aun cuando existen numerosas reglas en materia de prevención del delito, tomando en consideración las medidas sustitutivas del encarcelamiento previstas en las Reglas de Tokio y recordando la Declaración de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes que tienen como finalidad contribuir a la elaboración de programas para  contribuir con la formación de niños, niñas y adolescentes.

A pesar de los comunicados emitidos por los entes gubernamentales en casos como el de la viceministra para la Atención del Privado y Privada de Libertad, Mirelys Contreras, que señala que se garantizan el total cumplimiento de los Derechos Humanos de las privadas de libertad y sus hijos; organizaciones como Una Ventana a la Libertad y el OVP, declaran en condición de hacinamiento, con acceso limitado a servicios de salud, con restricciones o impedimentos para visitas de sus hijos, familia y parejas, además de nula o escasa información sobre el estatus judicial de sus casos la situación de 374 presas, que permanecen recluidas en 89 centros de detención preventiva.

De igual forma, en la casa Hogar San José, donde los niños deberían ingresar con 3 años de edad mínimo, este año se recibieron dos menores de dos años. En uno de los casos, la directora de la casa hogar explica: “La mamá tuvo un inconveniente dentro de la cárcel y la sacaron del área de madres. Ella se lo entregó a su hermano pero los vecinos realizaron la denuncia porque el niño presentaba problemas de desnutrición”.

 

 

Se logró contactar al departamento de prensa del MPPSP que brindó información sobre algunos datos y estadísticas. Luego se intentó numerosas veces contactar a la directora de Salud del mismo Ministerio, la doctora Betty Labrador, pero no atendió las preguntas realizadas.

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