ASAMBLEA NACIONAL SÓLO HA EJECUTADO UNA DE SUS LEYES

Sólo una de las leyes sancionadas ha salido en Gaceta Oficial. Las leyes aprobadas han sido consideradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia. El Referéndum Revocatorio se perfila como una solución al conflicto político según especialistas

Yurmaris Zanardo Gabán

Luego de elegida la Asamblea Nacional con mayoría opositora el gobierno, con el apoyo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha frenado varias de las decisiones aprobadas con mayoría calificada por el actual congreso venezolano, esto según el reporte semanal del poder Judicial.

La Asamblea Nacional en sus primeros seis meses de gestión solo cuenta con una ley que tiene la orden de “ejecútese”. El resto de sus leyes sancionadas no cumplen con los requisitos constitucionales necesarios para su promulgación  según sentencias de la Sala Constitucional.

Sin embargo, a pesar del conflicto que se disputa entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, la gestión de la Asamblea Nacional en estos primeros seis meses es considerada aceptable por expertos consultados.   

Triunfo Político para la oposición

Para los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática esta experiencia ha sido gratificante. El diputado Jorge Millán explicó que los resultados de la elección constituyen un éxito político para la MUD. “Es un triunfo porque el país decidió un cambio. Nosotros representamos ese cambio y tenemos un mandato para liderarlo”, exhortó.

El pasado 5 de enero el país fue testigo de cómo se instauraba una Asamblea Nacional con mayoría opositora al gobierno. Desde el año 2000 la hegemonía de los partidos adeptos al gobierno se apoderó del congreso, 92 diputados pertenecientes al extinto Movimiento V República que ocupaban los escaños.

Los ciudadanos venezolanos decidieron que un nuevo grupo político debía legislar y ejercer funciones contraloras al Ejecutivo Nacional, 112 diputados venían a ocupar los curules que un mes antes eran dirigidos con mayoría calificada por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer triunfo político para la MUD que no había tenido presencia suficiente dentro del Poder Público Nacional dirigido por la Revolución Bolivariana.

Según el boletín publicado por el Consejo Nacional Electoral en su página web oficial, la MUD obtuvo un total de 7.702.442 votos lo que les permitió lograr el 65,27% de la Asamblea Nacional, es decir 99 diputados. El PSUV sólo pudo conseguir 5.599.025 votos, lo que equivale al 32,93% de la representación en el congreso.

Estos resultados del oficialismo en las elecciones parlamentarias, no solo representan el peor momento dentro del congreso si tomamos en cuenta la mayoría que mantuvieron en los anteriores periodos parlamentarios, sino que también son los resultados electorales con menos votos a favor de la Revolución Bolivariana, así lo evidencian las estadísticas publicadas por el poder Electoral.

En las elecciones presidenciales del 2013 comenzó el declive del PSUV, con un total de 603.553 sufragios menos que los que seis meses antes le habían aportado la victoria a Hugo Chávez. En diciembre del 2015 los votantes a favor del socialismo del siglo XXI eran 2.592.107 menos que los que apoyaron a Chávez en su últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, el aumento de los votantes a favor de la oposición no presenta un crecimiento acorde con la baja de votantes del oficialismo, desde 2012 hasta 2015 el aumento de votantes por la oposición es de 1.111.138.

Legislar es su primera competencia

En el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela quedan establecidas las competencias de la Asamblea Nacional. Una de sus funciones es establecer las leyes que organizarán las actividades dentro del país y en los diferentes poderes que conforman el Estado.

Esta facultad es la que más ha cumplido la Asamblea Nacional. Hasta la fecha el congreso ha sancionado siete leyes, entre ellas cuatro pertenecieron a las promesas realizada por la MUD cuando se encontraba en campaña electoral.

 

Sin embargo, de esas siete leyes sancionadas sólo la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios  ha entrado en vigencia, con su publicación en la Gaceta Oficial N° 6.240 el pasado 15 de julio.

La otra ley que logró sobreponerse al bloqueo constante del Tribunal Supremo de Justicia fue la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados que fue declarada constitucional por el máximo órgano judicial. Sin embargo el TSJ señaló que su entrada en vigencia está condicionada por la situación económica que imposibilita su cumplimiento. 

Las otras cinco leyes sancionadas por la Asamblea Nacional han sido enviadas a la Sala Constitucional del TSJ, la cual las ha declarado inconstitucionales según gacetas oficiales publicadas en su página web. Este hecho ha provocado que el Poder Legislativo y Judicial se encuentren enfrentados.

La ONG International Crisis Group publicó un estudio titulado “Venezuela: Edge of the Precipice” en el cual afirmaron que en repetidas ocasiones el Tribunal y la Asamblea ha dudado mutuamente de la constitucionalidad de ambos, lo que conlleva a un enfrentamiento de dos potencias claves de la nación. 

Carlos Balladares, politólogo, afirmó que el TSJ representa un total obstáculo para la AN, puesto que ha frenado las decisiones del Congreso en múltiples ocasiones. Considera que  el Poder Ejecutivo le ha quitado facultades al Legislativo. “Se está legislando con un decreto ilegal porque la AN lo rechazó. Si la Asamblea Nacional lo rechaza, el Ejecutivo no lo puede aplicar pero el TSJ se lo aprueba”, denunció.

El pasado 22 de enero la Asamblea Nacional negó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica de la naciónDespués de haber sido negado por la AN, el presidente lo remitió a la Sala Constitucional del TSJ, la cual decretó su constitucionalidad y ordenó su publicación y ejecución.

Para el abogado José Guerra este conflicto en torno al TSJ y AN afecta la gobernabilidad del país. “El TSJ no actúa como un órgano independiente, sino como un brazo ejecutor de las decisiones del Ejecutivo. Está afectada la convivencia política”, aseveró.

El diputado Jorge Millán opinó que se está ante una lucha, “Aquí lo que está ocurriendo es que un gobierno, que tenía el favor popular, utilizaba las instituciones democráticas y ahora demuestra que no es nada democrático”, declaró. Para el diputado, perteneciente a Primero Justicia, el pueblo ha elegido una Asamblea para que cumpla con sus funciones y el ejecutivo ha tratado, sin el apoyo popular, de mantener su hegemonía, imposibilitando al congreso.

Por el contrario, el diputado Ricardo Molina, perteneciente al PSUV, en una entrevista dada a Venevisión afirmó que el gobierno del presidente Maduro ha estado dispuesto al diálogo con la oposición, buscando una mejor convivencia democrática, aún cuando ellos no han querido participar. “En Venezuela el diálogo está ocurriendo en los sectores educativos, industriales y ciudadanos. El único que no ha querido dialogar es el sector político, que se ha quedado aislado”, sentenció.

Para María Cano, joven perteneciente al Frente Cultura de Izquierda, considera que la posición que ha tomado el TSJ es la ideal, puesto que hay leyes que tienen que pasar, antes de ser promulgadas, por el ente rector para luego ser aprobadas y entrar en vigencia, los demás poderes están en la obligación de acatar esto.

La Carta Magna de la República estipula en su artículo 214 que una ley para entrar en vigencia luego de haber sido sancionada por la Asamblea Nacional necesita ser aprobada por el Presidente. Éste tiene que notificarle a la Asamblea su inconformidad con el proyecto y en el Hemiciclo deben decidir si se acatan las sugerencias. En caso de que se considere inconstitucional alguno de los artículos, el Ejecutivo podrá solicitar el análisis y pronunciamiento de la Sala Constitucional.

El joven Keyber Guaraco, parte de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, expresó que el conflicto de poderes que vive Venezuela responde a que se está en un país sin Estado de Derecho, lo que cercena la independencia de los Poderes Públicos. “La línea que siguen es la que le conviene a un partido y no la que se apega a la Constitución y exigencias del ciudadano. Hay un vicio de poderes que responden a sus agendas de partidos”, sentenció.

 

Valoración de la gestión

Según el testimonio de Guaraco la facultad más observable, en cuanto a la gestión en estos primero seis meses, es la referente en materia legislativa. El joven aseguró que el desempeño de la AN ha sido adecuado, no lo califica de bueno o malo. Para él han trabajado apegados a lo que son sus funciones, aunque han dejado de lado algunas promesas.

En cambio Cano mantiene diferencias con algunas políticas que quieren ser aprobada por la Asamblea Nacional, como es el caso de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, han habido políticas con las que está de acuerdo, para ella desde el hemiciclo es que debe iniciarse el diálogo, mediante leyes que la mayoría esté de acuerdo sin importar el tinte político.

Por el otro lado, el abogado José Guerra piensa que se han hecho muchos esfuerzos para la reconstrucción constitucional desde el punto de vista del orden democrático. A su vez, el politólogo Carlos Balladares considera que la gestión ha sido buena porque ha generado leyes, aunque pocas han sido aprobadas por el TSJ.

El diputado del PSUV Ricardo Molina, en la entrevista realizada por Venevisión, explicó que la gestión ha sido un desastre, “Nosotros decíamos que la oposición raspó el primer semestre, ahora comenzaron mal el segundo semestre”, enfatizó. La Asamblea, según el diputado, está otorgándose potestades que no les corresponde, como es el caso de destituir magistrados.

Poderes seguirán enfrentados

El problema disputado entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, parece no tener fin en futuro cercano. Para Balladares la solución más eficaz es el Referéndum Revocatorio. “Hay que volver a consultar al pueblo lo que quiere, y aunque eso no saca al TSJ lo obliga a cambiar su proceder”, explicó.

El diputado Edgar Zambrano declaró que el diálogo entre el Gobierno y la MUD no es viable mientras la oposición esté solicitando un referéndum, debido a las diferencias en cuanto a la interpretación del proceso comicial de ambos sectores, según entrevista publicada en el portal web de la Mesa de la Unidad.

A pesar de la crisis política en Venezuela, del enfrentamiento de los poderes y  de las agendas partidistas que persiguen sus propios objetivos, el diputado Jorge Millán aseguró que, aún dadas las condiciones actuales, el congreso se encuentra revisando la situación del país para ir definiendo su agenda legislativa que mejore la vida de los venezolanos.

 

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