Falta de denuncias contribuye a la proliferación de secuestros en Venezuela

Según diversos estudios y especialistas, el plagio es uno de los delitos que mayor cifra negra presenta en Venezuela. La gente ha dejado de contar con la policía por desconfianza y por el temor inducido por criminales. Las bandas delictivas se han aprovechado de esta realidad para cobrar más en los secuestros.

Secuestro

Por Juan Sanoja

Denunciar un secuestro es el primer paso para rescatar a la víctima. Parece una obviedad, pero los venezolanos, habitantes de un país hundido en la corrupción, hace rato que pasaron por alto la única herramienta que tienen a mano para hacer cumplir la justicia: poner al tanto a las autoridades. Expertos señalan que, por desconfianza hacia los cuerpos policiales, muchas familias han decidido negociar por su cuenta la liberación de sus seres queridos. Esta decisión generalizada ha sido uno de los factores que han convertido al secuestro en el delito con mayor crecimiento en el país.

Fermín Mármol García, abogado criminalista y miembro del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Santa María (USM), sostiene que sólo se presentan denuncias en el 20% de los secuestros perpetrados. El dato, por sí solo, explica una realidad: 8 de cada 10 casos son invisibles ante la autoridad.

El porcentaje de denuncia dado por Mármol está muy cerca de las proyecciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana. En 2006 y 2009, sólo el 29,88% y el 31,43% de las víctimas del hampa denunciaron algún tipo de crimen. No obstante, el estudio del 2009, en un apartado que divide el porcentaje de denuncias por hecho delictivo, señala que hubo denuncia en el 61,96% de los casos de secuestro.

En la actualidad, diversos analistas coinciden en que la cifra negra, que es la porción de casos no conocidos por los cuerpos de seguridad, es altísima en el rapto de personas. Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, lo atribuye a que “la gente tiene miedo. Tiene miedo a los secuestradores, pero, a veces, también a los policías. La gente cree que la denuncia no va a servir para nada. La gente cree que la policía no va a hacer nada. La gente cree que va a perder su tiempo”.

Precisamente fue esa palabra, miedo, la que utilizó Angélica Ventura* para argumentar su decisión de no informar a las autoridades que había sido secuestrada el 26 de noviembre de 2011. “Denunciar es un arma de doble filo cuando estás en un país que no tiene seguridad”, reflexiona la víctima casi un lustro después del incidente. Cuenta Ventura que, tras hablar por ese entonces con un amigo del CICPC, valoró la posibilidad de que alguno de los criminales que la secuestraron haya sido policía.

El origen del miedo 

Tareck El Aissami, por ese entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, declaró en agosto de 2009 que un 20% del total de delitos ocurridos en el país eran cometidos por la policía. Hoy en día, Mario Mármol, experto en seguridad de la firma Mármol León y Asociados, señala que en el rapto de personas hay un 10-15% de casos en los que algún funcionario policial está implicado. Sin embargo, el negociador de secuestros explica que “hay una matriz de opinión: de cada 10 víctimas, entre 6 o 7 afirman que los plagiarios fueron policías. Esta es una opinión a priori. Cuando uno empieza a profundizar, no hay ningún argumento más allá de un simple sexto sentido, de una simple creencia”.

El Aissami, en 2009, recalcaba la importancia de una institución policial inquebrantable en sus principios. Foto: Notihoy.com
El Aissami, en 2009, recalcaba la importancia de una institución policial inquebrantable en sus principios. Foto: Notihoy.com

Federico González*, quien estuvo secuestrado en mayo del año pasado, comenta que varios allegados le dijeron que lo que le pasó a él tuvo que ser obra de policías o gente relacionada. Sin embargo, confiesa que es algo que él no pudiese afirmar ni negar. Los comentarios, aclara González, eran simples apreciaciones de la gente.

Mucho tienen que ver en esta percepción los propios secuestradores, quienes hacen pensar a la víctima que son miembros de algún cuerpo de seguridad como parte de su modus operandi. Mario Mármol lo explica: “El delincuente es muy hábil: para crear esa alergia en la familia de la víctima y separarla de los funcionarios del Estado, el secuestrador dice ‘no quiero que avisen a la policía porque nosotros somos policías’”. Esta práctica, según Mármol, ocurre en el 30% de los casos.

En un artículo publicado la semana pasada en el Observatorio Venezolano de Violencia, Javier Ignacio Mayorca señala que según el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz durante los últimos seis años se han desarrollado, en promedio, 2.331 averiguaciones anuales contra cuerpos policiales.

Fermín Mármol García afirma que “siempre habrá contaminación, pero el porcentaje es muy marginal”. Asimismo, el especialista en riesgos especiales comenta que, en los más de 10 años que tiene trabajando en la materia, nunca ha visto un caso en el que algún funcionario de las unidades élites (División contra Extorsión y Secuestro del CICPC o el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana) haya estado involucrado en algún plagio. Si hay funcionarios implicados, lo más común es que sean de los cuerpos policiales preventivos y de bajo rango.

Según la 2ª Encuesta de Delito Organizado en Venezuela, realizada por el Observatorio de Delito Organizado y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) el año pasado, el 81,1% de los sondeados está de acuerdo con que es muy peligroso denunciar a las bandas del delito organizado y el 76,6% considera que es muy peligroso cooperar con la policía para tratar de frenar a esos grupos criminales. Este último dato da a entender que, a pesar de que el porcentaje de policías implicados en secuestro siga siendo marginal, la gente tiene miedo a denunciar. Por desconfianza a la policía y por el temor inducido por las bandas delictivas.

Un mecanismo en desuso

Fermín Mármol está convencido de que la suspicacia no sólo tiene que ver con los policías que puedan estar implicados en secuestro. El abogado criminalista considera que “el venezolano no cree en su militar, no cree en su policía, no cree en su juez. Hay una desconfianza hacia todo el sistema jurídico-penal venezolano. Lamentablemente hay razones para que la colectividad no confíe”.

Acorde al estudio realizado en 2015 por Transparencia Internacional, una ONG con sede en Alemania que analiza el abuso de poder por parte del sector público, Venezuela ocupa la posición 158 entre 167 países evaluados. Es decir, según los datos de diversas instituciones y las encuestas realizadas a diversos expertos y empresas, la organización no gubernamental colocó a Venezuela como el noveno país más corrupto del mundo y el primero en América Latina.

“La denuncia está deslegitimada en nuestro país. Las personas que son víctimas o testigos de un delito prefieren no denunciar porque piensan que no van a llegar a nada. Eso, por supuesto, desvirtúa un poco la función de las instituciones”, comenta Wilmer Téllez, sociólogo miembro del Observatorio Venezolano de Comunicación y Criminalidad.

Téllez afirma que esa descohesión generada entre las instituciones formales y la ciudadanía hace que sea imposible activar el sistema formal de seguridad nacional a través de la denuncia. Esto trae como consecuencia que la víctima se relacione con el victimario para tratar de hacer justicia por los canales informales.

Así, de forma informal, fue que los familiares de Karina Flores* pudieron resolver el secuestro de ella y su hijo hace cinco años: “Llamamos a mi cuñado. Él se encargó de todo. Empezó a llamar a la gente a ver quién tenía dólares, quién tenía bolívares, quién tenía relojes. Ellos pidieron 100.000 dólares. Mi cuñado quería denunciar, pero había gente que decía que no lo hiciera”.

Los parientes de Flores, por suerte, pudieron recuperarla junto a su hijo tras pagar un aproximado de 20.000 dólares. Aunque la cifra final estuvo alejada de la primera cantidad solicitada por los plagiarios, no deja de ser una suma de dinero valiosa para las bandas criminales.

Capital para cometer más delitos

“La gente no denuncia. Entonces, a la hora de rescatar a la víctima no tienen nuestra colaboración, por lo que pagan cifras altísimas de dinero. Al no asesorarse están financiando a esas bandas criminales”, comenta una fuente de la División contra la Extorsión y el Secuestro del CICPC que pidió mantener su identidad en secreto.

El funcionario explica que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas tiene como última opción el pago de un rescate, dentro de las vías utilizadas para alcanzar el objetivo primario: liberar a la víctima. Las personas que no denuncian, cuenta la fuente, pueden pagar entre 40.000 y 80.000 dólares, mientras que las familias que son asesoradas por este organismo de seguridad tienden a pagar cifras que rondan los 2.000 dólares, en caso de que sea extremadamente necesario.

Esta relativa baja cantidad de dinero no disminuye el porcentaje de acierto. El funcionario comenta que la efectividad del CICPC en los casos denunciados está por encima del 90%. Una efectividad entendida como, previa identificación de la banda criminal, la liberación de la víctima por rescate comando, presión policial o pago.

Más de 9 de cada 10 casos son resueltos con éxito por el CICPC. Foto: AVN.
Más de 9 de cada 10 casos son resueltos con éxito por el CICPC. Foto: AVN.

Mario Mármol sitúa el promedio de cobro por parte de las bandas entre 5.000 y 7.000 dólares, pero reafirma la postura del funcionario del CICPC al mencionar que “bien negociado, puede darse un pago de 3.000. Ahora, hay gente que paga más, por los nervios. No se asesoran. Uno de los militares que estuvo secuestrado en Primero de Mayo pagó casi 70.000 dólares”.

El miembro de la División contra Extorsión y Secuestro comenta que “en una noche en Caracas pueden presentarse, por ejemplo, cinco casos. Tres no son denunciados y dos sí. Ellos ven que en estas dos víctimas cuyos familiares denunciaron hay un tira y afloja que hace el proceso más complicado. De esta forma, y tras haber cobrado, por decir algo, 60.000 dólares entre los otros tres secuestrados, ellos muchas veces deciden dejar en libertad a estas víctimas”.

Con este dinero, las organizaciones criminales pueden comprar armamentos de mayor envergadura que la que poseen los cuerpos de la ley. Además, ante la falta de denuncias, el CICPC y las demás fuerzas policiales no están en la capacidad de poner en el mapa los secuestros para así rastrear la actividad de las diferentes bandas delictivas. No notificar a las autoridades, por consiguiente, ha contribuido a que los criminales puedan sacar más provecho de sus víctimas, quienes, ante la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad, han preferido tratar el tema por los canales informales. Aun cuando, estadísticas en mano, los casos denunciados tengan una altísima probabilidad de ser resueltos.

*Nombres cambiados para proteger a las fuentes. 

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